Con el acompañamiento total de la derecha y de las principales empresas mediáticas, la ofensiva del Poder Judicial contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dio un nuevo paso este lunes. En el marco de la causa conocida como «Vialidad», que tramita en el Tribunal Oral Federal 2, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que se la condene a 12 años de prisión y se la inhabilite a perpetuidad para ocupar cargos públicos, en un hecho políticamente muy peligroso y con pocos antecedentes en nuestro país. El pedido de condena se sostiene en la afirmación de que durante la gestión presidencial de Néstor Kirchner y las suyas propias Cristina encabezó una “asociación ilícita” para desviar fondos de la obra pública para su beneficio y el de numerosos funcionarios.

En el contexto de ofensiva continental y nacional, la derecha y los sectores de poder afines se encuentran envalentonados. La actual embestida sobre Cristina constituye otro grave atentado contra los derechos democráticos, una práctica mediático-judicial de la que existen numerosos precedentes en América latina, con la detención que logró sacar al ex presidente brasileño Luiz Inacio «Lula» Da Silva de la carrera electoral en 2018 como el más grave de ellos.

Más allá de las numerosas irregularidades de este proceso contra Cristina y otros ex funcionarios de su gobierno, como introducir nuevas pruebas en el segmento correspondiente a los alegatos y luego impedirle a la acusada plantear su defensa respecto de esos elementos añadidos irregularmente, uno de los puntos más graves de todo el caso es el uso de la controvertida figura delictiva de “asociación ilícita”, que hace años viene siendo utilizada por el Poder Judicial para montar acusaciones contra dirigentxs de organizaciones sociales y políticas. Independientemente de la existencia o no de hechos de corrupción, avalar su uso en este caso implicaría legitimar una herramienta clave para la criminalización de la protesta social.

Como muchos sectores vienen señalando, es necesaria una profunda reforma judicial que empodere al pueblo, fortalezca los derechos democráticos y termine con turbios nichos judiciales que sirven a los intereses concentrados de las grandes corporaciones y a los aparatos políticos que las representan. Lxs luchadorxs populares sabemos mucho de persecuciones políticas y no podemos ser indiferentes ante este caso, porque si son capaces de avanzar en causas tan evidentemente sembradas de irregularidades contra una de las principales figuras políticas del país, está claro cuál es el nivel al que están dispuestos a llegar contra un activismo político y social que se atreva a desafiar sus intereses en las calles.

Por eso, todos los sectores democráticos, progresistas y de izquierda debemos rechazar contundentemente este tipo de maniobras jurídicas, como lo hacemos ante toda persecución antidemocrtática que motorice un Poder Judicial tan poco confiable como el actual, que opera en una alianza interesada e inescrupulosa con unos grandes medios de comunicación enemigos de la verdad. En el mismo sentido, repudiamos la represión que la Policía de la Ciudad llevó adelante contra lxs manifestantes que se concentraron este lunes por la noche frente a la casa de la Vicepresidenta, en el barrio porteño de Recoleta, al igual que la detención del legislador bonaerense del Frente de Todos Adrián Grana.