Pocas horas después de su regreso al país, tras la “exitosa” gira por Estados Unidos y con las instrucciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) todavía frescas en sus oídos, el ministro de Economía Sergio Massa envió al Congreso nacional el proyecto de Presupuesto 2023. Como era de esperarse, se trata de una Ley de Leyes absolutamente estructurada en torno a las exigencias del organismo internacional de crédito, más preocupado por reducir el déficit fiscal que por buscar una mejoría de las condiciones de vida de millones de personas que día a día viven un deterioro creciente gracias a la inflación.

La gira de la semana pasada de Massa por Estados Unidos, que medios oficialistas y opositores calificaron unánimemente de exitosa, de alguna manera probó la capacidad del flamante superministro de hacer lo que se esperaba de él, aprovechando sus históricos contactos con el funcionariado yanki (recordemos que Massa, junto con el hoy Presidente Alberto Fernández, fue un asiduo visitante de la Embajada estadounidense en tiempos de los primeros gobiernos kirchneristas, como puede apreciarse en los Argenleaks) para conseguir nuevos préstamos para el país y obtener promesas de inversión en nuestro país, especialmente en el área energética.

Durante la visita a sus mandantes, Massa cosechó “logros” tales como la aprobación de un préstamo de 1.200 millones de dólares del BID para este año y al menos otros 1800 millones en 2023 destinados a reforzar los activos del Banco Central, de los cuales unos 500 millones llegarían antes del 30 de septiembre, con lo que al Argentina al menos se acercaría a la meta de acumulación de reservas que exige el FMI para aprobar el nuevo desembolso trimestral. Esto se logró gracias a la relación del superministro argentino con el trumpista Mauricio Claver-Carone, que desde la dirección del BID vino planteando incendiarias críticas al país. Su cambio de postura y su aval financiero no puede más que preocuparnos. El titular de Hacienda además logró que compromisos del Banco Mundial para prestar otros USD 900 millones en los próximos seis meses y una entusiasta valoración por parte del staff del FMI, que celebraron la adhesión de Massa a las recomendaciones del organismo (ajuste, reducción del déficit fiscal y de los subsidios, devaluación… lo de siempre). Otro endeudamiento internacional completamente exitoso.

El “superministro” también se reunió con directivos de empresas como Chevron, ExxonMobil, la francesa Total y la angloholandesa Shell que en la actualidad tienen inversiones en el megayacimiento de Vaca Muerta y podrían multiplicar sus inversiones en los próximos años con la promesa de finalización del gasoducto Néstor Kirchner. Estas inversiones, sin embargo, no generan más que celebraciones pasajeras, ya que su traducción en puestos de trabajo es mínima, lo mismo que su aporte a la economía nacional después de que el Gobierno sostuviera casi sin cambios la reducción de retenciones para el sector que había implementado Mauricio Macri.

Más allá de la sumisión a los mandatos de EEUU que tan claramente encarna Massa, la apuesta al extractivismo desaforado como estrategia para conseguir divisas es un sello distintivo del kircherismo desde sus inicios. Desde el veto a la Ley de Glaciares que decidió la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2008 para beneficiar a la multinacional Barrick Gold hasta la pueblada chubutense de 2021 contra la rezonificación minera que impulsaron conjuntamente el gobernador Arcioni y el Gobierno del Frente de Todos, pasando por las recientes concesiones para la extracción de litio o la aprobación de plataformas petrolíferas off shore frente a las costas marplatenses. Continuidad plena para privilegiar la obtención de dólares a costa de irreversibles daños ambientales y coherencia absoluta con la reducción de las partidas para Ecología y Medio ambiente. En este punto, incluso dejando de lado la total inoperancia del ministro del área Juan Cabandié, resulta brutal el contraste entre la confirmación de este recorte y la realidad de los incendios de las islas del delta del Paraná que siguen asfixiando a la ciudad de Rosario.

Un presupuesto de ajuste

A nadie puede sorprender el presupuesto de ajuste que envió Massa al Congreso, considerando que a pocas horas de asumir avaló un tarifazo para el agua, la luz y el gas por la vía de una brutal reducción de los subsidios estatales, ratificó las medidas más polémicas de su antecesora Silvina Batakis (como el congelamiento de las designaciones en el Estado), designó como su segundo al ultra conservador Gabriel Rubinstein y luego impulsó un significativo recorte del presupuesto (definido como “reasignación de partidas”) por más de 128 mil millones de pesos. Eso incluyó recortes para el ex Ministerio de Desarrollo Productivo (70 mil millones, sobre todo en el Programa de Financiamiento de la Producción), Educación (50 mil millones, principalmente en el Programa Conectar Igualdad y en el fortalecimiento edilicio de jardines), Desarrollo Territorial y Hábitat (50 mil millones en el Programa de Planificación y Desarrollo Territorial), Obras Públicas, Salud y Transporte.

Todo esto, hay que decirlo, con el aval de la Vicepresidenta que, aunque en su momento cuestionó el ajuste que estaba llevando adelante el ex ministro de Economía Martín Guzmán (lo dijo explícitamente después de la debacle oficialista en las elecciones de 2021, cuando todos los integrantes del Gobierno negaban que hubiera un ajuste en curso), hoy avaló explícitamente la designación de Massa y mantiene absoluto silencio en relación con la batería de medidas antipopulares que despliega el ex presidente de la Cámara de Diputaos, mucho más graves que las de su antecesor en Economía. No es menor el señalamiento de que esta complicidad con el ajuste tiene también un sesgo de género ya que las mujeres y disidencias son siempre los sectores en los que más clara e inmediatamente impactan la pobreza y el desempleo.

El Presupuesto recientemente enviado por Massa al Congreso apunta a una reducción del déficit fiscal del 2,5% actual al 1,9% en 2023 (lo que implica otro violento ajuste del gasto público y recortes a partidas clave como Seguridad social, Educación y Cultura, Vivienda y Urbanismo o Ecología y Medio Ambiente). Después de reconocer que este año la inflación casi llegará al 100%, se pronostica una mágica reducción a 60%, lo que considerando una probable evolución de los precios superior a esa cifra en realidad esconde una estrategia de licuación de los montos asignados a áreas vitales. También se avanza en una devaluación por goteo (otra exigencia del FMI), que consolida el ataque contra el poder adquisitivo de los salarios.

Es cierto que hay un importante incremento de las partidas sociales, lo que se explica porque 2023 es un año electoral, por lo que el aumento en este sector es tradicional. Pero al mismo tiempo esto da cuenta de que no se prevé una recomposición del trabajo y la economía real, por lo que será más importante que nunca una importante inversión en los sectores más vulnerables de la sociedad para buscar conjurar el riesgo de estallido social.

Si en 2022 el Gobierno debió enfrentar el problema de una oposición beligerante que inéditamente se negó a aprobar el Presupuesto para ese año, es muy probable que las propuestas de ajuste y los recortes de partidas que propone Massa para el año próximo cosechen más adhesiones entre las bancadas opositoras. Aunque seguramente plantearán críticas para la tribuna, la plena sujeción al mandato del Fondo garantiza adhesiones de fondo aún por parte de los más radicalizados críticos del oficialismo.

Mientras las relaciones de fuerza a nivel mundial se encuentran en plena redefinición gracias al impacto de la invasión rusa a Ucrania y las tensiones con China, Estados Unidos busca recuperar el terreno perdido en los últimos años en América latina. El apoyo al plan de “estabilización” económica de Massa da cuenta de ello, así como la recepción con honores por parte de Cristina Kirchner a la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, general Laura Richardson, y la vergonzosa foto de dirigentes de la CTA de los Trabajadores con el embajador Marc Stanley (unos pocos días atrás también Pablo Moyano, cosecretario General de la CGT, había pasado a cumplir con el besamanos por la Embajada), que da cuenta de la intención oficial estadounidense de intervenir mucho más activamente en la política interna de nuestro país.

Si este es el desolador panorama de las principales centrales obreras, el alineamiento no es menor en lo que hace a buena parte de los movimientos sociales y organizaciones políticas que siguen apostando a pelearla “desde adentro” del FdT, que pueden mostrar muy pocos logros a favor de la clase trabajadora desde esta estrategia. Además de unas pocas cuotas del tan famoso como insuficiente Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia y de algunos bonos extraordinarios para jubiladxs y beneficiarixs de planes sociales, que permitieron reducir un poco el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables, son muy pocas las iniciativas redistributivas de las que puede presumir el Gobierno. Hasta ahora el supuesto compromiso redistributivo de Massa que destacan las organizaciones afines al oficialismo sólo se tradujo en una promesa, aún sin fecha de pago, de un subsidio de 50 mil pesos en tres cuotas para personas que no reciban algún otro tipo de ayuda social (que además se efectivizará sólo si el “dólar soja”, un fantástico beneficio para los sectores agroexportadores que más especulan, logra superar los 5 mil millones de dólares de recaudación). Los constantes beneficios para los grandes sectores de la industria y del agro y las migajas para la gran mayoría de la población son la clave del plan “estabilizador” de Massa.

En ese contexto, la posibilidad de hacer crecer la resistencia al brutal ajuste del Gobierno queda absolutamente en manos de la movilización social y de las organizaciones políticas, gremiales y sociales independientes que puedan comenzar a organizar la oposición al saqueo extractivista, al recorte para cumplir con el pago de la deuda ilegítima al FMI y a la humillante sumisión política y económica a los EEUU.