Por Viviana Ríos Alvarado

El 4 de septiembre se celebra el Día Mundial por la Salud Sexual, lo cual nos invita a pensar la sexualidad de forma transversal en la salud de todas las personas, y a su vez, a cuestionarnos qué lugar ocupa hoy en la agenda pública. Siendo este uno de los aspectos más descuidados por las políticas gubernamentales a nivel internacional, de los primeros en sufrir los recortes cuando los planes de ajuste y recorte son orden del día, se hace imprescindible un breve repaso por la situación en nuestro país a la luz del hito de la aprobación de la Ley 27675 de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis.

En el filo de la duda: sexo y estigma

Hacia fines de los años 80 la comunidad científica declaró al VIH como pandemia, luego de sus primeros indicios en el 78 y su nombramiento oficial como “enfermedad” en 1982. En dicho momento confluyeron el boom de los medios de comunicación audiovisuales, los planes de empobrecimiento global en el auge del neoliberalismo, y un renovado conservadurismo de la mano de la iglesia católica.

Estos condicionantes enmarcaron lo que los medios de comunicación yankis de su época denominaron “la enfermedad de las cuatro h”, haciendo referencia a homosexuales, hemofílicos/heroinómanos, haitianos (por ser la isla afrodescendiente más cercana a Estados Unidos) y trabajadoras sexuales (hooker en inglés).

Las características del estigma con que empezó a difundirse la pandemia llevó a un lento proceso de reconocimiento de la misma como un problema de salud pública a nivel global, jugando el doble relato obsecuente que señala como responsables a lxs principales afectadxs. El relato del “castigo de Dios” a la homosexualidad, drogadicción y “promiscuidad” de las mujeres, junto con la divulgación del racismo asentado en el señalamiento de la población negra como la causante primigenia de la infección cumplieron una función de enmascaramiento de los efectos de la extrema pobreza y de la heterosexualidad obligatoria como mandato. Se culpaba al continente africano en su totalidad sin poner sobre la mesa que es el centro geográfico con menor acceso a preservativos, anticonceptivos, ni al sistema de salud público en general, a las mujeres empobrecidas que ejercían trabajo sexual sin posibilidad de negociar técnicas de cuidado, a la homosexualidad que  venía a romper con los patrones cristianos de familia, y a las personas con consumo mientras los países del primer mundo se enriquecían con la extensión cada vez mayor de las redes de narcotráfico.

Todo esto enmarcó lo que se denomina una “enfermedad social”. Puesto que el VIH en sí mismo no es una enfermedad, sino una infección que controlada y con medicación evita el SIDA y las enfermedades oportunistas que se valen del sistema inmunológico debilitado para expandirse, lo que ocurrió fue una extensión a nivel mundial a partir del estigma de inhabilitar a un sector de la población mundial, con altísimos costos para el acceso a la medicación y grandes tazas de muertes en las primeras décadas de la pandemia, producto de la inaccesibilidad (por pobreza y vergüenza) al sistema de salud.

Fue el estigma lo que configuro al VIH en nuestras sociedades, tanto como su respuesta y la forma de vivir y entender las políticas de cuidado y sexualidad de nuestro tiempo.

De Marsha a la Ley 27675: el reconocimiento de una historia, el camino de un derecho

Lo que siguió a la instalación del VIH mediante estigma y el crecimiento del mandato de silencio alrededor de las libertades sexuales está siendo revalorizado hace algunos años por las organizaciones de la disidencia sexual y de género: la resistencia de referentas fundadoras de la Marcha del Orgullo como Marsha P. Jhonnson, la lucha antipolicial de travestis y trans pobres, trabajadoras sexuales, afrodescendientes o de ascendencia indígena se visibilizan hoy cada vez más de los sectores que confrontan la idea del Orgullo como un negocio, tan fuertemente instalado por yankilandia y el primer mundo, y retoman las banderas de la lucha antirepresiva por respuestas estatales integrales.

Cuando en los 90 comenzó por parte de la OMS el impulso a dar respuesta sanitaria a la pandemia del VIH, los cursos que tomo la misma siguieron dos impulsos opuestos: la legislación que garantiza el acceso por el sistema de salud de los Estados Nacionales, y la producción privada de medicamentos en manos de las grandes farmacéuticas internacionales.

Esto se expresó por ejemplo en la Ley argentina aprobada en los años 90, que mezclaba los preceptos de acceso a la salud como derecho con ideas estigmatizantes de la época (la única forma de recibir una pensión para una persona con VIH era mediante certificados de discapacidad e incapacidad laboral por ejemplo). A su vez, la garantía de acceso a la medicación tambaleó siempre según centro de vida, no siendo lo mismo la búsqueda de un tratamiento en CABA que en el resto de la provincia, o menos que menos en otras provincias del noroeste y noreste argentino.

La medicación también fue teniendo distintos cursos, pasando de precios exorbitantes e imposibles de ser adquiridos por países y continentes enteros, a probar con medicamentos ya señalados como nocivos para la salud en otros tratamientos, al aceitamiento de medicación efectiva, de alta calidad, alta respuesta retroviral, pero aun inaccesible en algunos puntos del globo, como el famoso continente al cual se le atañe su origen (si bien en los últimos 20 años ha aumentado en más de ocho veces el acceso a la terapia antiretroviral, el porcentaje de la población diagnosticada que accede a los tratamientos sigue debajo del 15%).

Ahora bien, el punto de inflexión en esta respuesta sesgada y el acatamiento a los medicamentos del negocio farmacéutico tiene como punto de inflexión en nuestro continente y especialmente en nuestro país el auge del movimiento feminista y la irrupción en la esfera pública de los debates sobre la sexualidad, el cuerpo, la identidad y la interseccionalidad desde una mirada de clase.

En este marco, el crecimiento de organizaciones de pares positivxs, el aumento en la participación de encuentros nacionales de VIH, de la comisión de feminismos y VIH en los Encuentros Plurinacionales de Mujeres Lesbianas Travestis Trans y No Binaries, el aumento de centros de testeos impulsados por equipos de salud llevó a un relevamiento nacional de las condiciones de vida a través de instrumentos variados, tanto institucionales del Ministerio de Salud como autogestionados (por ejemplo el censo de Vida Trans hecho por Lohana Berkins en Cumbia Copeteo y Lágrimas, 2009).

De esta forma comenzó a delinearse un proyecto escrito íntegramente por organizaciones sociales como la RAJAP (Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivxs), Ciclo Positivo, Mesa Positiva, etc., que no sólo solicita medicación al Estado Argentino, sino que promueve una ruptura con el modelo farmacológico nacional de extranjerización, incentivando la investigación y producción nacional de antiretrovirales, el avance de búsquedas hacia la cura como forma de cortar con una vida medicalizada, respuesta integral para gays, lesbianas, mujeres, madres, niñeces positivas.

Luego de años de presentación del Proyecto de Ley, finalmente se aprobó y promulgó el pasado 30 de Junio, promulgada bajo el número 27675.

No es menor que esta ley pensada por grupos de pares VIH positivxs incluya a otras ITS e infecciones virales como la Hepatitis y la Tuberculosis, pues parte de entender que son todas aquellas que a partir de un estigma asociado a las “conductas sexuales” o las condiciones de extrema pobreza generan vínculos expulsivos hacia quienes debieran tener pronta respuesta desde el sistema de salud y la sociedad en su conjunto.

Una vez más, se pone sobre la mesa que la infección no te mata, lo hace la discriminación y la inaccesibilidad a respuestas integrales de salud, empleo e ingresos.

El camino a la reglamentación: una lucha por el presupuesto para el pueblo y no para las multinacionales

Luego de aprobada la ley mucho se dijo respecto de su reglamentación, a sabiendas de que las ultimas legislaciones aprobadas en materia de salud integral han demorado años en tener decreto reglamentario (como la Ley Nacional de Prevención del Suicidio 27.130, promulgada en 2015 y recién reglamentada en 2021).

Esto no interfiere con la posibilidad de exigir su cumplimento por parte de las personas que se atienden en el sistema de salud y sufrieran actos discriminatorios enmarcados en la legislación ahora vigente, pero la ausencia de decreto reglamentario deja abiertos aspectos referentes a la forma de administrar los recursos que la misma dispone tienen ahora el carácter de derecho amparado.

A esto se suma el recorte anunciado por el gobierno nacional en el último Boletín Oficial de 10000 millones en el programa “Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles”, y un achique de 9000 millones al programa de “Adquisición y Suministro de Vacunas”.

Entendiendo a la salud de forma integral, es imposible pensar que estos recortes no afecten las posibilidades de acceso a personas que por ausencia de medicación y tratamiento hayan desarrollado el Sida, como así también al resto de la población en su conjunto.

Esto sin nombrar que contamos con una ley aprobada, no reglamentada y sin presupuesto, por lo cual todos los recortes a programas ya vigentes son augurios negativos para una ley que tanto anduvo y tanto construyó en los últimos años.

Por su parte, las organizaciones sociales nucleadas en el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS manifestaron su preocupación ante el Encuentro Nacional de Refrentes en VIH que convocó el Ministerio de Salud de la Nación, donde se reunieron algunos de los coordinadores de los diferentes programas de salud que trabajan con la temática, pero sin invitación ni presencia de las Organizaciones Sociales que escribieron la ley y lucharon por ella, siendo la participación de las mismas en las actividades de planificación, ejecución y monitoreo parte de la propia ley en su artículo 1, haciendo de sus destinatarixs parte troncal de la aplicación de esta ley.

En consonancia con la historia de las banderas del VIH y la exigencia de respuesta estatal, el desfinanciamiento actual llevado adelante por el gobierno de Alberto Fernández y su ministro Massa acorde a los planes de ajuste del FMI se suman a una escalada más de las violencias hacia los sectores disidentes, empobrecidos y racializados, que siempre tuvieron como principal enemigo al modelo neoliberal de los organismos internacionales.

Como desde su surgimiento hasta acá, también lo que nos tocará será seguir defendiendo los derechos conquistados en la calle, acompañando a sus protagonistas y aunando sus luchas con las del pueblo entero, por nuestro presente y por nuestro futuro.

En Argentina siguen muriendo 13 personas por día debido a causas relacionadas al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS.