Entrevistamos a Cristian Arias para analizar el nuevo gobierno en Colombia, los desafíos que tiene por delante y las reformas políticas que se esperan. Cristian es militante de Marcha Patriótica, dedicado al análisis de la situación política y militar colombiana y al actual proceso de Paz.

– Ante la victoria del Pacto Histórico y la asunción de Gustavo Petro y Francia Márquez, ¿cuáles son las expectativas que se ponen en el nuevo gobierno?

En primer lugar las expectativas con el nuevo gobierno del pacto histórico que encabezan Gustavo Petro y Francia Márquez se ubicarían en dos grandes sentidos. Uno en la posibilidad de implementar el acuerdo de paz firmado en 2016 con toda una agenda de reformas, que van desde una reforma rural integral, una apertura democrática por la participación política, una solución de largo plazo al problema de las drogas ilícitas y todo esto concatenado también con un proceso de memoria histórica que aporte la superación de toda una serie de acontecimientos que se fueron desarrollando en materia de violación a los derechos humanos, particularmente crímenes de estado durante el conflicto armado.

Añadido a esto está también la expectativa de frenar el desarrollo del neoliberalismo en Colombia. Esto, por supuesto, implica una nueva política económica, construir un nuevo modelo de desarrollo. La propuesta que ha planteado fundamentalmente Gustavo Petro tiene la ambición de iniciar un proceso de transición energética, que sea pilar para transformar la matriz energética basada en el carbono y los hidrocarburos. Esos son dos grandes elementos que están planteados en esa agenda.

Por otra parte, en la ejecución de estas nuevas políticas está, por ejemplo, una reforma tributaria  que busca afectar los capitales financieros y las grandes rentas extraordinarias en el país, dando condiciones de favorabilidad a los sectores que tienen ingresos por debajo de los 10 millones de pesos colombianos. Eso quiere decir que alrededor del 70% de la población trabajadora que tiene ingresos inferiores al salario mínimo se encontraría beneficiada, en principio, con esta reforma. Y esta política económica trascendería la recaudación de una serie de recursos para implementar los programas sociales, por ejemplo, la educación gratuita o programas de igualdad que tengan un enfoque para las madres cabezas de familia de los sectores populares. Una reforma previsional que además permita que el 80% de las personas con edad jubilatoria que no perciben pensión puedan acceder a un mínimo pensional, lo que sería trascendental porque no existe un precedente en el país en materia de estos temas. Entonces aquí se complementaría con una especie de tercer gran tema que sería una política social y previsional que acompañaría a estas dos grandes reformas iniciales.

¿Qué análisis hacés sobre el carácter de lxs ministrxs del nuevo gabinete?

La composición del gabinete de gobierno tiene una heterogeneidad que de alguna manera reúne los apoyos que logró conseguir el Pacto Histórico para alcanzar la presidencia en la segunda vuelta. Por un lado, se ven algunas alianzas que se fueron trabando con sectores de la derecha moderada o los liberales democráticos, para llamarlos de algún modo. Una cancillería que, en todo caso, a pesar de quedar en la figura de un conservador, cuenta con un altísimo consenso de los sectores democráticos y progresistas. Lo mismo que el ministerio de hacienda, que serían enclaves donde aparecen figuras muy vinculadas con los grupos de la política tradicional que en el último tiempo han tenido posturas bastante alternativas o disruptivas con el uribismo. Podríamos sumar a esto, por ejemplo, el ministro de educación que sí ha tenido más proximidades con un programa económico neoliberal pero que en materia cultural y educativa ha tenido el rol de ser rector de la Universidad de Los Andes y eso le permite tener cierto prestigio. No obstante, en los sectores estudiantiles ha generado un ruido importante y se han manifestado como críticos de la política que irá a desarrollar.

En cuanto a áreas como Defensa y Justicia aparecen personajes con una trayectoria vinculada a una orientación garantista que, en el caso particular, buscarían ahondar en procesos anticorrupción y de reforma y depuración del sistema de justicia y del sistema de defensa y seguridad. Ahí aparece también una nueva cúpula militar que cuenta, en el estado mayor conjunto, con un almirante de la armada que también ha sido inspector de las fuerzas armadas colombianas. Con lo que se ratifica esta postura de ir interiormente haciendo una especie de control interno y auditoría de las mismas fuerzas armadas para intentar establecer vínculos criminales dentro de la misma organización, de la misma institución, y así enfrentar dinámicas regionales con grupos armados y particularmente con el narcotráfico y el paramilitarismo.

Y podríamos decir que en los sectores más progresistas encontramos, por ejemplo, un ministerio de cultura, de medio ambiente, de igualdad (que tendrá a cargo la vicepresidenta Francia Márquez). Y ahí vemos como tres grandes tendencias dentro del nuevo gobierno donde hay un impulso de nuevas políticas, cada área con una serie de reformas que buscan en el corto plazo, como la reforma tributaria, tener recursos para implementar planes y, más a largo y mediano plazo, cambiar estructuras. Una reforma en defensa y seguridad que separe los roles de policía y de fuerzas armadas, una reforma de la justicia, una reforma previsional, como ya lo hemos dicho, y una reforma de la salud. También hay una orientación claramente progresista, son partes de la agenda del nuevo gobierno.

– Uno de los primeros compromisos de Petro fue garantizar y consolidar el acuerdo paz. ¿Crees que podrá cumplir dicho compromiso? ¿De qué manera?

Hay una serie de medidas que ya se han venido tomando para garantizar el acuerdo de paz. En principio, la garantía de la implementación pasa por una decisión política. Hay algo a favor y es que la firma del acuerdo de paz ya cuenta con el consenso de una gran parte de la clase dominante porque en 2016, cuando se firma el acuerdo, la coalición de gobierno en su conjunto dio una aprobación y tan solo el Centro Democrático, o lo que conocemos como Uribismo, generó una oposición férrea a su implementación y, cuando asumió el gobierno, se destacó precisamente por tratar de impedir la implementación o tergiversar el curso de la misma. Hoy lo que encontramos es un gobierno que muestra no solamente disposición retórica sino que viene tomando una serie de medidas importantes en materia de su implementación como la designación de un comisionado para la paz que tiene una trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

A cuenta de esto, creo que la conexión que tiene la política de paz con la cancillería se relaciona con esa posibilidad de implementar el acuerdo de paz y la importancia que se le ha dado, por ejemplo, al diálogo con las comunidades en materia de la política de drogas. También es muy diciente, es decir, que en el proceso de transición del nuevo gobierno se hayan sentado con las organizaciones campesinas y con productores agrícolas que están vinculados con la producción de la hoja de coca, marihuana y amapola. Forma parte de encarar una solución del conflicto con quienes están en los territorios enfrentándose cotidianamente con problemas como el de las drogas ilícitas. Por otra parte, los movimientos sociales tienen un rol fundamental en la política de paz y eso está muy claro ahí.

Y podríamos decir que, más en la órbita de la solución política al conflicto armado, está la reciente restitución de las relaciones con Cuba a partir de que Colombia rectifico la posición que había asumido durante el gobierno de Donald Trump, de calificar a Cuba como patrocinador del terrorismo, y consecuentemente con ello devolverle estatus político a la delegación del ELN que se encuentra en Cuba. Esto, además, va a permitir reanudar los diálogos de paz con el ELN en la misma agenda que se había establecido durante el gobierno de Juan Manuel Santos y da continuidad a una política de paz integral donde no solamente se busca la solución o el desarme de los grupos armados, sino un ciclo de reformas que aborde los problemas originales de la violencia que tienen que ver, por ejemplo, con una reforma rural integral. 

– Otro de los compromisos asumidos fue la protección y defensa del medioambiente, de los suelos, mares y bosques. Pero el extractivismo y la explotación ambiental es uno de los principales mercados que buscan explorar los grandes empresarios y un importante ingreso de divisas para el país. ¿Podrá oponerse a estas presiones económicas y sostener este compromiso? ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se discutió y firmó el acuerdo de paz, se hablaba de que había una voluntad de paz pero no una voluntad de cambio. Y eso, a su vez, entraba en discusión con una agenda de paz con justicia social, democracia y soberanía en la implementación del acuerdo de paz y una agenda neoliberal. Es decir, la posibilidad de despejar zonas donde hay enormes riquezas en términos naturales para poder explotarlas o un proyecto que conserve esas zonas y que, además, genere otras dinámicas de producción, por ejemplo, colectivas, en formas de propiedad colectivas de la tierra como las zonas de reserva campesinas, una vinculación campo-ciudad que permita pensar la soberanía alimentaría y no solo la seguridad, etc.

Entonces ahí me parece que va a haber una tensión entre esos dos proyectos, el proyecto de un sector de la clase dominante que hoy trata de rodear al nuevo gobierno para limitar algunas de las reformas que quiera a hacer y dirigirlas en el sentido de tener un beneficio económico para sí. Ahí yo creo que va a haber una coalición entre esos intereses y, ciertamente, eso va a requerir de la movilización popular para torcer el pulso y tener una agenda que favorezca la protección del agua, la protección de los páramos, la protección de la vida fundamentalmente y a largo plazo en esta idea de transición energética y el abandono de las fuentes fósiles de energía que, por supuesto, no es algo que pueda darse de manera inmediata, sobre todo porque Colombia vende alrededor de un 30% de su comercio exterior con estos recursos

– Colombia es un país central para el dominio estadounidense en Latinoamérica ¿pensas que el nuevo gobierno podrá implementar políticas en contra de esta injerencia yanqui?

Pienso que en materia de las relaciones de Colombia y Estados Unidos hay un síntoma regional. Hay una nueva oleada progresista, podríamos decir, una segunda oleada progresista que se diferencia de la que vivimos en los albores del siglo XXI en que hay una correlación de fuerzas diferente. A principios del siglo XXI teníamos a Cuba y Venezuela con talante y un ímpetu capaz de confrontar directamente con Estados Unidos. Diría que después de la ofensiva conservadora del último lustro, los procesos regionales no tienen esa capacidad, no tienen esa visión clara, ese horizonte anticapitalista que se planteó como socialismo del siglo XXI en la primera década de este siglo y que, de cierta manera, lo que vamos a ver es una relación tendiendo a la autonomía pero no a la confrontación. Una especie de cordialidad con la búsqueda de alianzas latinoamericanas. El discurso de Petro ha sido muy revelador en ese sentido, ha hablado de recuperar el proyecto de nuestros libertadores y libertadoras de la patria grande, fortalecer nuestra relación con África, de donde venimos. Es algo muy importante y creo que sintoniza muy bien con la reivindicación afrocolombiana. Por otra parte, también ha hablado de los pueblos del mundo árabe y, en particular, de una agenda energética que hay que acordar con alguno de esos países que tienen una importante injerencia en la producción petrolera y también del mundo asiático que tiene hoy la primacía en el comercio internacional.

En toda esa agenda internacional Petro no mencionó a los Estados Unidos, salvo para hablar indirectamente de una nueva política antidrogas que rechace en una convención internacional la guerra contra las drogas. Que dé cuenta del fracaso de la «guerra contra las drogas» y que apueste por una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas. Entonces esto implica una relación de cierta tensión con los Estados Unidos, en el sentido que va a buscar autonomía pero no necesariamente, sobre todo en materia comercial, va a buscar una confrontación ni en lo económico, ni en lo ideológico. Creo que hay una búsqueda común, incluso, en la transición energética con el gobierno estadounidense actual y eso le da cierto aire a un gobierno como el de Petro y Francia Márquez para abordar la agenda de política exterior. Hay un punto que, quizás, va a generar ciertas preocupaciones en el corto plazo que tiene que ver con la política de seguridad y defensa y la participación de Estados Unidos en esa política. La decisión política de limitar la injerencia estadounidense en esas áreas puede ser como un signo o un síntoma de cierta separación o reivindicación de la soberanía nacional. Aún eso está por verse, no está muy presente pero sí se tiende a una desmilitarización de la sociedad colombiana. Y eso, por supuesto, pasa también por una materia de discusión con los Estados Unidos para abandonar la política de contrainsurgencia.